Redacción Arroyo 24
Luego de que la Oficina de Gestión Judicial de Rosario confirmara la prisión preventiva efectiva para Eduardo Nicolás Gómez hasta el próximo 9 de diciembre, la atención se centra en la diversidad de maniobras que la Fiscalía de Rosario, a cargo del fiscal Ramiro González Raggio, atribuyó al imputado en un total de 17 hechos bajo investigación.
El caso, que involucra al ex precandidato a intendente de Arroyo Seco en las elecciones de 2023 y a concejal en 2021 por el PDP (Partido Democrata Progresista), presenta un abanico de operaciones que irían desde consumos diarios hasta operaciones comerciales a gran escala.
El detalle del perjuicio investigado
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia imputativa presidida por el juez Rodrigo Santana, las maniobras analizadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) habrían provocado un perjuicio cercano a los $39 millones, divididos en tres ejes principales:
El sector logístico (el mayor volumen): La acusación sostiene que la maniobra de mayor impacto económico afectó a una firma de logística con sede en Rosario. Según la imputación, el acusado habría presentado documentación apócrifa y supuestos contactos con una empresa alimenticia para intermediar en servicios, generando un perjuicio cercano a los $30 millones.
Comercio de proximidad: En Arroyo Seco, un supermercado local habría sufrido 14 operaciones de compra vía web entre mayo y julio de 2025, respaldadas por transferencias bancarias que —según la hipótesis fiscal— jamás ingresaron a la cuenta de la empresa, por un monto total superior a los $6,3 millones.
Consumos individuales: La investigación incluye la compra de un pasaje aéreo a Neuquén por $360.000 y la carga de 40 litros de combustible ($51.000) en una estación de servicio ubicada en la autopista Rosario-Buenos Aires. En ambos casos, la Fiscalía sostiene que se habrían utilizado comprobantes de pago falsificados.
Patrimonio e inhibición de bienes
Junto con la medida cautelar que mantiene al imputado detenido, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes y encomendó medidas de prueba destinadas a evaluar su perfil fiscal y sus movimientos bancarios. La investigación continúa abierta y no se descarta que la Fiscalía evalúe pedir una prórroga de la prisión preventiva al finalizar el plazo fijado para diciembre.
Aclaración legal: Todos los hechos citados forman parte de la imputación fiscal en el marco de la investigación en curso. El imputado mantiene la presunción de inocencia garantizada por la ley hasta tanto se dicte una sentencia judicial firme.
